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La Paloma

Desalojan a un productor tras un “juicio secreto”

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Mediante la fabricación a escondidas de un juicio de desalojo se concretó la expulsión de Antonio Prezotto y familia de su propiedad de 200 hectáreas en La Paloma. El hecho afecta a las fincas 110 y 111, y se concretó el 6 de marzo último.

Los abogados Osvaldo Alejandro Ruiz Nicolaus y Aurelia Martínez Ricardo denunciaron ante el Jurado de enjuiciamiento y la Corte Suprema de Justicia al juez Penal de Garantías número 2 de esta ciudad Carlos Martínez, porque supuestamente favoreció a usurpadores. El resultado fue la expulsión de una familia de sus tierras, que adquirió hace 15 años.
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El magistrado libró orden de desalojo contra Prezotto, pero dentro de un juicio sobre una finca totalmente distinta, la Nº 851 que ninguna relación tiene con el colono afectado ni con su propiedad. Sin embargo, esta persona sufrió un desalojo arbitrario, malicioso, ilícito, sin ofrecerle el derecho a la defensa, aseguran.

Según los letrados, el juez Martínez consintió que el juicio corriera en secreto, sin que la causa fuera registrada en el departamento de Estadística durante todo el proceso, haciendo imposible que alguien se entere de su existencia.

Además, Martínez declaró la sentencia de desalojo con efecto contra tercero, sin haberse constituido en el lugar y sin correr traslado al demandado, para luego desentenderse del caso cuando fue planteado el incidente de nulidad de actuaciones en defensa del colono.

“Atropellaron las fincas 110 y 111 de La Paloma, mal utilizando un mandamiento dictado para el desalojo de la finca número 851 de La Paloma, lo que de por sí ya es delito, tipificado claramente en el Código Penal, sin descontar la forma fraudulenta en que han conseguido dicha orden de desalojo con la total complacencia de los jueces y funcionarios judiciales que intervinieron”, señalaron los abogados denunciantes.

La presunta irregularidad se dio en el marco del expediente caratulado: Alcides Diosnel González Morel contra Antonio Prezotto sobre desalojo, en el que el juez denunciado actuó como interino del Juzgado Civil y Comercial de la misma circunscripción. La denuncia también afecta a la jueza en lo Civil y Comercial Silvia Isidora Cuevas, además de su actuaria, Ilda Cáceres.

El hecho sería uno más de los casos de títulos superpuestos o “títulos sin tierra” o “títulos rueditas” que aparecen por cualquier parte del país y que son utilizados para despojar a legítimos propietarios.

Fuente: diario ABC COLOR

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