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Narcopolítica: Desmantelar su poder continúa siendo el reto

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Narcopolítica: Desmantelar su poder continúa siendo el reto
Más allá de algunos gestos y ciertas acciones tímidas, poco y nada es lo que se ha actuado para desmantelar el tremendo poder de la narcopolítica en los distintos niveles de la pirámide estatal. Medio año después del vil asesinato del periodista Pablo Medina, hecho que dejó en evidencia el alto nivel de penetración de la criminalidad organizada en los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, la ciudadanía continúa aguardando acciones gubernamentales contundentes por parte de los tres poderes del Estado, que tiendan a eliminar completamente la incidencia de los capos del tráfico de drogas en las instituciones públicas, así como en el patrocinio de candidaturas de políticos que representan sus oscuros intereses.
Al cumplirse seis meses del vil asesinato del periodista Pablo Medina, cabe realizar un sentido homenaje al comunicador por el coraje demostrado en el ejercicio del periodismo, hasta el punto de defender hasta su último aliento la vigencia de la libertad de expresión en el Paraguay. La libertad de prensa, como se sabe, tiene como uno de sus principales pilares combatir frontalmente la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en el de la esfera pública, porque es en ella donde se sustancian los procesos que desvían los recursos que el Estado debió haber utilizado para promover el bienestar del pueblo.
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A nivel gubernamental, es poco y nada lo que se ha hecho por apuntar al necesario y contundente desmantelamiento del poder económico y político del narcotráfico, cuya penetración en las instituciones del Estado es la que vino a quedar expuesta con la muerte del comunicador.

Se formularon algunos gestos y se salvaron ciertas apariencias. Por ejemplo, poco después del crimen, se realizó una cumbre de poderes tendiente a promover acciones que limitaran la infición de la delincuencia organizada en el sector público. A tambor batiente, y movidos fundamentalmente por la insistente presión de los propios medios, tanto las autoridades judiciales como las de Cancillería pusieron las barbas en remojo para agilizar el trámite de extradición del principal encausado por la supuesta autoría moral del asesinato de Medina, el ex intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta.

Sin embargo, la determinación de cortar los tentáculos de la narcopolítica se agotó prácticamente en esos esfuerzos. En el Congreso, por ejemplo, sigue aguardando definición la aprobación de una ley destinada a evitar el financiamiento de las campañas políticas con el dinero sucio procedente del crimen organizado. Parafraseando a nuestro genial escritor Augusto Roa Bastos, diríamos que el caso se enmarca en un debate que no conoce las debilidades del arrepentimiento y que dura ya medio año en el frío purgatorio de la indiferencia parlamentaria, puntualmente del Senado.

Ni qué hablar de procesar a los padrinos políticos, particularmente colorados, que posibilitaron el accionar público de los Acosta y de tantos otros mafiosos de similar estirpe en el Departamento de Canindeyú. Es más, varios otros legisladores vinculados por la propia Senad y Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado con el tráfico de estupefacientes, siguen tan campantes como si nadie los hubiera acusado de absolutamente nada.

Ahora, la interna colorada vino a tapar con un perverso manto de impunidad a muchos de los señalados como padrinos o responsables del crimen organizado transfronterizo. Con estos antecedentes, es fácil concluir que es titánico, todavía, el desafío que el Gobierno debe asumir para convencer a la población de abrigar cuando menos la intención de erradicar la siniestra influencia de la delincuencia en las instituciones del Estado.
UH

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