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El oficio de periodista se vuelve letal en la frontera entre Paraguay y Brasil

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Los periodistas que trabajan en la zona fronteriza de Paraguay con Brasil se ven obligados a vivir enclaustrados en su casa o salir con escolta policial debido al avance del narcotráfico, al que las autoridades atribuyen el asesinato esta semana de un reportero y su asistente.
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Sus muertes se añadieron a los asesinatos de otros dos periodistas en departamentos de frontera este año y otros dos en 2013.
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YPEJHU E PARANHOS LAS ZONAS DE PELIGRO.
Desde 1991, cuando la sociedad paraguaya se conmocionó con el homicidio de Santiago Leguizamón, que sigue impune, dieciséis comunicadores han perdido la vida por su trabajo, según el Sindicato de Periodistas del Paraguay.

Algo tan común como salir a correr a un parque o visitar tiendas son actividades prohibidas para muchos de los reporteros que viven en la zona de cultivo de marihuana al este del país, que está dirigida mayoritariamente a Brasil.

Paraguay es el mayor productor de esa hierba en Sudamérica, con una cosecha estimada en entre 30.000 y 45.000 toneladas al año, y los narcotraficantes usan los ingresos para sobornar y corromper a las autoridades, incluida la Policía, según los periodistas que residen en esa área.

Cándido Figueredo cuenta con guardia policial permanente desde hace casi 19 años, de los 20 que es corresponsal del diario ABC Color en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero. «Ametrallaron la casa dos veces y dos veces el vehículo», dijo a Efe.

Figueredo, de 58 años, vive en la oficina del periódico con su mujer. «Llamo a la redacción regional mi cárcel regional», aseveró. «Salir a comer a un restaurante o ir a un casamiento es impensable», dijo.

La constante amenaza es una camisa de fuerza para los periodistas, que realizan su trabajo como pueden, por teléfono y solo viajando si es imprescindible o hay protección policial.

«No hay confianza en la justicia o en los órganos de seguridad. Nos sentimos impotentes», se lamentó Elías Cabral, corresponsal del diario Última Hora y de Telefuturo en Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.

Cabral, de 32 años, pidió una orden de protección policial al sistema judicial tras recibir una amenaza el pasado febrero, pero el proceso se estancó, según dijo a Efe.

Uno de sus artículos recogió la denuncia de un desvío de fondos destinados a obras públicas, tras lo cual Julio Colmán, ex diputado y actual concejal de Curuguaty, del gobernante Partido Colorado, le tildó de «ladronzuelo» en la radio.

«Vos estás jugando con fuego. Hay terceros que también están viendo con malos ojos las publicaciones. Se te está yendo la mano. Yo tengo este medio y te aviso», le dijo.

En Pedro Juan Caballero, el senador liberal Robert Acevedo, presidente de la Comisión de Narcotráfico, calificó a Figueredo de «narcoperiodista» en la radio el año pasado, después de una serie de publicaciones sobre presuntos vínculos de su familia con actividades ilícitas.

Días después Figueredo recibió este mensaje: «Imbécil. Narcoperiodista. Te voy a enviar al infierno si seguís publicando».

Los fallecidos son Pablo Medina, de 53 años y corresponsal de ese rotativo en Curuguaty, y Antonia Almada, de 19, su asistente.

El vehículo en que viajaban fue detenido y acribillado el pasado jueves por dos sicarios vestidos de camuflaje, en represalia por sus reportajes sobre el narcotráfico, según el Ministerio del Interior.

Elías Cabral espera que las dos últimas muertes sirvan de llamada de atención. «Están teniendo mucho impacto porque la sociedad está repudiando y presionando a las fuerzas de seguridad para que den resultados», dijo.

Figueredo, que lleva mucho más tiempo en el oficio, es más escéptico. «Si la persona es importante, se habla del homicidio un tiempo, un mes o dos, y luego es algo esporádico y queda en el olvido», se quejó. «Hay muchísima impunidad», añadió.Efe

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